El escándalo de Odebrecht, no sólo ha servido para apreciar los entramados de corrupción en el estado, y ver desfilar a ex funcionarios y presidentes por los tribunales (ya tenemos a un ex presidente prófugo y otro, al que no se sabe por qué no se le ordena la prisión preventiva), sino que también han salido nombres y apellidos, que parecían intocables. Existen personas, que no importa el régimen, siempre visitarán palacio, o los encontrarán en los registros de visitas de las instituciones públicas, o siempre podrán ver las fotos de sus cumpleaños y ágapes rodeados de ministros, congresistas y demás. 

El Perú es un país en crecimiento y atractivo para las inversiones privadas, tenemos un marco regulador que incentiva y protege la libertad de empresa. Por ello, los gobiernos han aplicado políticas públicas que alientan a la formación de sociedades, cómo el régimen laboral y tributario Mype, acortar los tiempos de constitución de empresas, entre otras. Todo ello, por qué el efecto directo es la generación de riqueza, mediante tributos y empelo.

La inversión pública en infraestructura ha sido importante, más no suficiente, aún existe un déficit, el cual deberá ser atendido en el más breve plazo. Ello quiere decir que el estado tiene mucho por gastar, y contratar al capital privado para ejecutar sus proyectos. Pero ello debe llevarse a cabo en un clima de competencia leal, de condiciones justas, y de promoción a la micro, pequeña y mediana empresa. Hoy en un contexto de reconstrucción, que cuenta con un presupuesto de diez mil millones de soles, la mejor garantía para estos empresarios es un real y frontal combate contra la corrupción. Los empresarios realizan importantes inversiones para competir en un proceso de contratación con el estado, la corrupción no hace más que desincentivar ello, o en todo caso radicalizar la corrupción al funcionario público (¿Quién da más?). La corrupción no sólo golpea la moral de un país, sino que atenta contra la libertad de empresa, la competencia y el estado social democrático de derecho.

Es sumamente importante e imperativo que se castigue a los malos funcionarios con el máximo rigor de la ley, pero también ya viene siendo hora de que se sancione a aquellos que siempre han corrompido al sistema político vayan a prisión