En los últimos días la reforma electoral ha sido motivo de debate, pelea y desacuerdo, sobre todo en el ejecutivo que presentó un proyecto de ley, desconociendo el trabajo del grupo de trabajo de la comisión de constitución que preside Patricia Donayre. Tal entuerto ha vuelto a recordarnos que nos gobierna un logo, y no un partido político.  

Repasemos los hechos: Primero, el ejecutivo, junto a Gilbert Violeta, Presidente de Peruanos por el Kambio (¡SÍ, sus siglas son PPK!) presenta con bombos y platillos “su propuesta” (bueno…. Eso de “su propuesta” es un decir, por qué sabemos que el grueso, por no decir todo, ha sido elaborado por la Asociación Civil Transparencia), inmediatamente sale un congresista de la bancada oficialista por todos los medios, reventando cohetes al proyecto y resaltando “las virtudes” de este (¡Sí, “virtudes!). Con reflejos felinos, sale a responder la presidenta del grupo de trabajo de la Reforma Electoral, acusando al ejecutivo de sabotear el trabajo a éste, y hasta de haber tomado parte de sus propuestas, sin respetar los derechos de autor. Acto seguido, el mismo presidente de PPK, junto con el Congresista Olaechea salen a petardear el proyecto del ejecutivo (¡Sí, el de su partido!!! O eso se supone).

Estamos presenciando una crisis institucional en el seno del mismo partido (o cómo quieran llamarlo) que nos gobierna. Por un lado, el ejecutivo tratando de hacer esfuerzos denodados para diferenciarse del gobierno de Humala, lo cual no logra hasta ahora (no hay nada relevante, más que una buena estrategia de comunicación, pero los mismos métodos y equipo de trabajo). Por otro lado, la bancada oficialista tratando de sobrevivir en una jungla, en dónde se reduce a ser la tercera fuerza, conformado por un colectivo de independientes e invitados, los cuales están pensando en cumplir con “su electorado” preferencial, en vista que han sido desplazados de las carteras y el quehacer del ejecutivo, el cuál ha sido tomado por una camarilla constantemente en disputa, encabezada por las dos vicepresidencias.

Estamos discutiendo de una reforma electoral y uno de los protagonistas es el gobierno, que presenta una propuesta hecha por un grupo de gente que no tiene ni idea de lo que está proponiendo (Sí, me refiero a Transparencia, su Secretario General y su equipo, que dista mucho de lo que fue años atrás), y si la tiene entonces su fin no es fortalecer el sistema de partidos políticos, sino maniatarlo a procedimientos burocráticos y reglas sinsentido. A esto se suma el partido (o club) de gobierno metiéndose zancadillas entre ellos.

El debate de fondo debe hacerlo el Congreso, dónde mal que bien existen más partidos (buenos o malos), además del de gobierno, tal como se ha hecho en otros países, que trabajaron los partidos políticos con los organismos electorales, a fin de emitir normas que fortalecieran el sistema democrático en su conjunto. Los ejes de este debate de la reforma política deben ser el financiamiento de los partidos, sobre todo en un contexto en el que el gobierno debe centrar una lucha frontal contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos. El otro gran debate debe centrarse sobre la revisión de normas que están impidiendo una vida dinámica a los partidos políticos, cómo la elección o nominación de candidatos a alcaldes y gobernadores regionales. Cómo es posible que se circunscriba la sólo a seis meses de antelación a la inscripción de estos candidatos ante el JNE, cuando existen movimientos pre existentes, los cuales son basados en un futuro candidato, que hace campaña desde dos años antes de dicha elección. 

Otro tema a debatir debería ser la eliminación del voto preferencial en las elecciones al Congreso, con el fin de fortalecer a los partidos políticos y sobreponer la institución a individualidades y cacicazgos locales, el cual debe ir de la mano del bicameralismo, sus virtudes y defectos. Es acaso serio proponer una bicameralidad de 130 parlamentarios (100 diputados y 30 senadores), se reduce el número de representantes de distrito múltiple. El Perú ha crecido, y aún hay propuestas basadas en una demografía decimonónica.  

Finalmente, y aunque sea políticamente decirlo, el Parlamento debe revisar las normas emitidas por el mismo JNE para regular la vida de los partidos políticos. En los últimos años, este organismo electoral ha emitido directivas que valdrían la pena que pasen por el tamiz del control de legalidad y constitucional, pues estás normas han empoderado a dicho organismo, en detrimento de las organizaciones políticas y su vida institucional, las cuales habrían violado el principio de legalidad.